El Constitucional reconoce competencia exclusiva en venta ambulante a Cataluña.

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Viernes 10 de Agosto de 2012

 

El Constitucional reconoce competencia exclusiva en venta ambulante a Cataluña

El Tribunal Constitucional (TC) da la razón al Govern en el recurso que interpuso en 2010 contra el Real Decreto 199/200 por el que el Gobierno regula la venta ambulante o no sedentaria.

La sentencia de 2 de julio, considera que la normativa estatal vulnera las competencias de la Generalitat en materia de comercio interior, en concreto, las referentes a la regulación administrativa de todas las modalidades de venta.

El Constitucional reconoce la competencia de la Generalitat para regular las autorizaciones administrativas de venta ambulante, el régimen de inspección y la sanción en esta materia. También le reconoce la competencia para fijar el resto de condiciones para el ejercicio de esta actividad

 

 

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de dictar una sentencia en la que da la razón a la Generalitat en un conflicto entablado con el Gobierno central y ratifica las competencias autonómicas en la regulación de la venta ambulante. El fallo se produce en pleno enfrentamiento entre el Govern y el ejecutivo central por la inclusión en el reciente paquete de reformas económicas de la liberalización de…

los horarios comerciales, que el departamento de Empresa i Ocupación ya ha anunciado que también llevará al Constitucional.

Información publicada en la página 24 de la sección de Economía de la edición impresa del día 17 de julio de 2012

La sentencia, fechada el pasado 2 de julio, estima que un real decreto del Gobierno central aprobado en el 2010, que regulaba los mercados ambulantes y la venta no sedentaria, invade competencias de la Generalitat, a la que reconoce su potestad legal para conceder las autorizaciones administrativas de venta ambulante y para el régimen disciplinario de inspección y sanciones.

Los magistrados rechazan el argumento esgrimido por el Ejecutivo central de la necesidad de enmarcar la venta ambulante en la regulación de la planificación económica general, una competencia exclusiva del Gobierno de Madrid, puesto que se trata de una actividad con una trascendencia básicamente local. El fallo declara la nulidad de todos los preceptos del decreto.

 

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